El rápido brote del nuevo coronavirus Sars CoV-2 (“COVID-19”), declarado el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, se está convirtiendo en un importante desafío comercial. Lo anterior, en virtud de que a algunas empresas les resulta difícil dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales previamente adquiridas en razón de las medidas sanitarias implementadas por varios países con la intención de detener el esparcimiento del nuevo virus, incluidos el cierre de lugares de trabajo y puertos, interrupciones en los canales de suministro y distribución, y la escasez de mano de obra; todo esto, dando lugar a posibles incumplimientos contractuales. Si bien los impactos directos en la salud del brote del COVID-19 están afectando principalmente a China, EE.UU. y Europa, el impacto total de dicho brote y las medidas de emergencia resultantes en el comercio internacional aún están por verse.
El 09 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por virtud del cual se modificaron: (i) la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), (ii) la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), y el (iii) Código Fiscal de la Federación (CFF). Estas reformas entrarán en vigor a partir del 01 de enero de 2020.
La competencia global ha impulsado a las economías a trabajar en la atracción de inversión extranjera directa, como una de las principales estrategias para fomentar el empleo y la modernización, además de aumentar la productividad e impactar en el sector de las exportaciones. Por tal razón, los países han utilizado diversos mecanismos para mantener y atraer a los inversionistas extranjeros; los más utilizados han sido los “incentivos a la inversión”.
Más de un siglo ha tomado modificar el código obrero legislado en la post-guerra, privilegiando los derechos de los trabajadores que, durante la industrialización impulsada en el Porfiriato, sufrieron de jornadas inhumanas, explotación y abusos; una reforma que pretende cambiar el curso de la impartición de justicia y la introducción a la democracia Sindical.
El pasado 10 de septiembre del 2018, el pleno de la Cámara de Senadores ratificó el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), misma que regula los principios de libre sindicación y negociación colectiva.
La innovación y la evolución de las tecnologías financieras han hecho que éstas se logren posicionar con gran fuerza en el mercado, transformando el mundo y marcando el inicio de un nuevo milenio.
Una de las materias en menor actualización por cuanto hace a su análisis desde una perspectiva legislativa en México, es sin margen de error el derecho del trabajo. Dentro de éste, el tabú de la discusión siempre ha girado en torno a los asuntos de carácter colectivo (aquellos que protagonizan una relación entre el sindicato y el patrón).
